Por: José C. Nieves-Pérez

Individuos de relevancia en el ámbito político han expresado recientemente su descontento con las estructuras gubernamentales tradicionales, alegando un excesivo apego al concepto de un Estado amplio. Su preocupación radica en la creciente intromisión del gobierno en la esfera de la libertad individual. No obstante, un análisis detenido de su historial público, sus propuestas y los nuevos paradigmas que pretenden defender, revela una notable falta de coherencia en sus posiciones y un déficit de comprensión de los principios de la libertad individual y económica.

Los verdaderos defensores de la libertad tienen una actitud recelosa ante la expansión y la injerencia estatal, basada en la premisa de que los individuos tienen el derecho de vivir sus vidas según sus propios deseos, siempre y cuando no menoscaben los derechos de otros. Esto se resume en la expresión «vive y deja vivir». El compromiso de no vulnerar los derechos ajenos conlleva la responsabilidad y la solidaridad en el ejercicio de nuestra libertad.

Esta perspectiva se opone a la regulación gubernamental de la vida y la supervisión de las actividades económicas, educativas y personales. Se sostiene que, en la mayoría de los casos, el Estado carece de la capacidad para resolver los dilemas socioeconómicos y, en lugar de ello, tiende a generar más problemas que soluciones. La intervención estatal debería limitarse a la protección de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, lo que incluye la defensa de la libertad de mercado. Esto significa que los precios de bienes y servicios deben determinarse según la oferta y la demanda, sin interferencia gubernamental. Los precios reflejan la escasez de recursos y la demanda de los consumidores, y, por tanto, el gobierno no debería fijar precios ni subsidiar a los productores, ya que tal injerencia distorsiona el equilibrio entre la oferta y la demanda, impidiendo la eficiente asignación de recursos en la sociedad. La reducción de la intervención gubernamental fomenta la innovación y la competitividad empresarial, estimulando así el crecimiento económico. Además, esta defensa de la libertad incluye la abstención del Estado en la toma de decisiones individuales que atañen a la vida personal y la conciencia de cada individuo.

Lamentablemente, estas figuras políticas, que se autodenominan defensoras del individuo frente al Estado todopoderoso, no adhieren a estos principios. En su historial público, en lugar de reducir, han ampliado el alcance de la intervención gubernamental. Se enorgullecen de obtener cuantiosas donaciones y subvenciones que desincentivan el trabajo productivo, lo que perpetúa la dependencia del ciudadano con relación al Estado, menoscabando su confianza y capacidad. Además, estas figuras no tienen objeciones a la adopción de políticas proteccionistas ni al uso de fondos gubernamentales para favorecer intereses económicos específicos.

Tampoco se oponen a que el Estado interfiera en las decisiones individuales con el propósito de imponer una perspectiva particular en aras de proteger supuestas tradiciones culturales, religiosas o familiares. En otras palabras, rechazan la intervención gubernamental cuando esta busca imponer algo que consideran extraño o contrario a sus valores personales, pero aceptan dicha intervención cuando se trata de imponer sus propias creencias sobre los demás. Aunque es legítimo que en un mercado libre de ideas, como se espera en una democracia, cada ciudadano pueda promover y defender su visión de la vida, incluso basada en creencias religiosas, resulta inaceptable y peligroso que el Estado pretenda imponer una perspectiva particular de vida a los demás.

Esta falta de coherencia y de adherencia a principios sólidos representa una apertura peligrosa a la arbitrariedad y el abuso por parte del gobierno. Es un riesgo que todo defensor de la libertad y un Estado limitado teme y combate. En última instancia, estas nuevas figuras políticas actúan sin un sistema de creencias coherente y profundamente arraigado, respondiendo en su lugar a consideraciones populistas en busca de posiciones y ventajas políticas. Estas oscilaciones y giros políticos, irónicamente, se llevan a cabo a expensas del bienestar de los ciudadanos y su libertad individual.